Las noticias registradas en los periódicos de los últimos meses en el Ecuador, ponen una alerta significativa sobre el aumento de delitos complejos, aquellos que no se detectan a simple vista sino que requieren de capacidades especiales del Estado en la prevención, detección, e investigación de sus causas. La trata de personas, los delitos sexuales contra las mujeres en territorios fronterizos, secuestros y extorsión, tráfico de armas, y otros que tienen como característica el hecho de ser concebidos y perpetrados por verdaderos sistemas u organizaciones delictivas. Tales sistemas usualmente poseen capacidades de información, inteligencia, además de requerir de la complicidad de individuos insertos en los sistemas institucionales formales. La otra cara del fracaso en el tema de la Seguridad por parte del Estado en América Latina es la situación carcelaria extremadamente alarmante, que no se compagina con el avance de la democracia de derechos proclamada en las constituciones como la nuestra, donde la cultura humanitaria, compartida al menos en el ámbito de los valores a nivel global, ha penetrado con principios teóricos, pero no con capacidades para convertirla en una realidad. No se puede decir que el Estado de Derecho es susceptible de ser rebasado por los problemas de la Seguridad; lo que pasa es que en nuestros países no se están usando bien las capacidades del Estado de derecho para producir el bienestar y la seguridad, o lo que es lo mismo, para que funcionen los derechos tan proclamados. Esto quiere decir entre otras cosas, el tener una justicia independiente, un poder ejecutivo que la respete y promueva la transparencia de sus actos, además de una ciudadanía incansable en la reclamación de sus derechos.