El conflicto político de Honduras ha preocupado al hemisferio y demuestra que América latina no ha aprendido lo suficiente del pasado, como para solucionar sus problemas sin instrumentar a la fuerza militar. La Constitución hondureña dedica 30 artículos a la fuerza militar y uno a la Seguridad pública y dispone –Art. 274– la cooperación de las fuerzas armadas en "todas" las secretarías de estado, y misiones en el conjunto de sus actividades, incluyendo educación, salud, vialidad, reforma agraria y un larguísimo etcétera. El nacionalismo persistente y el escasísimo y aún superficial análisis acerca de las estructuras profundas que tejió el poder militar en toda América latina, en ausencia de un control civil, contrasta en la actualidad con el intenso afán de apurar las reformas de los caducos sistemas de seguridad, que no pueden ni entender, peor contener, los ingentes problemas y amenazas que se anudan en todas las ramas del crimen organizado y se esparcen por todo el tejido social. En concordancia con lo anterior, en estos dos meses en el país se sigue destacando el tema de la elaboración de la nueva Ley de Seguridad del Estado, con secretismos entre bastidores parecidos a los del pasado. Ahora los bastidores han correspondido a los funcionarios del régimen. Poco se puede saber de donde vienen los designios; aunque es preciso reconocer que la mesa correspondiente a la Comisión Legislativa ha puesto su empeño para discutirlos con alguna apertura a la comunidad. También los medios de comunicación, especialmente periódicos y programas radiales, han hecho su parte en la discusión diaria de lo que se ha podido entrever.