El Gobierno ha manifestado su voluntad de renovar la Ley de Seguridad Nacional. A este efecto el Ministro de Seguridad Interna y Externa organiza en estos días diversas jornadas de trabajo en varias ciudades del país buscando consensos democráticos. Siendo loable este objetivo orientado desde la autoridad civil, consideramos que tales consensos estarán inscritos en la Constitución y que la "Nueva Ley de Seguridad Pública, de Soberanía y Democracia" como la quiere llamar el Gobierno, debe ajustarse estrictamente a lo que ella mande. El Ecuador ha mantenido una Ley de Seguridad Nacional controvertida, que viene desde la época de la Guerra Fría, cuyo texto provino directamente de las Escuelas de Guerra del Brasil y Uruguay; fue impuesta por las dictaduras desde 1963 y confirmada por Decreto Supremo de la Dictadura saliente en agosto de 1979. Por su estructura y contenidos resultaba virtualmente un esquema de gobierno paralelo, destinado a reemplazar esporádica o permanentemente a las autoridades civiles de turno, consideradas desde la perspectiva militar como débiles e inconsistentes. Cierto es que las autoridades civiles aparecen en la estructura conformando un Consejo de Seguridad que pone en la misma línea tanto a autoridades electas como a mandos militares, operativos. Por entonces se concebía a la Seguridad de una manera muy amplia y básicamente como una responsabilidad militar, dentro de un complejo continental que daba a las fuerzas armadas la atribución de guardianes de la seguridad interna, mientras que se minimizaba sus atribuciones de defensa externa del Estado.