Es indudable que en los últimos años el país ha llegado a límites intolerables de desgobierno y crisis institucional. Y no hay que esperar a tocar fondo para empezar a preocuparse seriamente. De diversas maneras se ha expresado esa necesidad de cambio, sea a través del mandato popular manifiesto en los últimos procesos electorales; sea a través del rechazo que suscita la "vieja política", identificada en comportamientos arribistas y egoístas que han significado instalarse en espacios de poder –grandes o pequeños– y medrar del Estado y sus instituciones a costa del bien público. Todos miran por lo menos con expectativa a la Asamblea Nacional y a los cambios propuestos por el Gobierno. Hay muchos que están en contra de las corrientes oficialistas, pero proponen alternativas razonables a pesar de que se sienten en minoría. Lo peor en este momento es la inacción y más aún lo que comúnmente se llama "pescar a río revuelto". Sobre esto último ensayamos algunas reflexiones en torno a Fuerzas Armadas y Policía. En las noticias del bimestre llaman la atención los encargos que el Gobierno hace a Fuerzas Armadas sobre responsabilidades que están lejos de su quehacer profesional: rehabilitación de carreteras a la Fuerza Terrestre, entrega del manejo de Petroecuador a la Marina, y otros. Por otro lado, la dotación de recursos a la Policía para su modernización. La implementación de un Ministerio de Justicia. En los dos casos, aceleración de las homologaciones salariales.