Por primera vez en la historia del país una Asamblea Nacional Constituyente se vería en la necesidad de incluir el tema de la Seguridad en la estructura jurídica del Estado. Naturalmente si los representantes son conscientes de que el Estado –si ha de permanecer como referente de la acción política efectiva– tendrá que dotarse de mejores capacidades institucionales. El Estado en el mundo actual, puede aún ofrecer a los ciudadanos un anclaje territorial y político para el reconocimiento de sus derechos en un mundo global cada vez más atomizado. Entre esos derechos está el de tener seguridad. Pero puede hacerlo sólo si los servicios que provee son eficientes. El Estado puede ser un punto de apoyo privilegiado para el diálogo y la concertación internacional entre comunidades o naciones que hoy tienden a ser más interdependientes. Para construir solidaridades internacionales de todo tipo y dimensión, única forma de conseguir seguridad una vez que las alianzas de fuerza han sido evidentemente superadas. Los desafíos actuales en el campo de la seguridad son impredecibles, no conocen fronteras, son multidimensionales y de tal magnitud que solamente organizaciones políticas bien constituidas jurídicamente podrán afrontarlos. El Estado que necesitamos para el futuro, no debe ser el mismo que hemos sufrido en el pasado y que tantas veces absorbió a la sociedad o la constriñó con autoritarismos, ilegalidades e ineficacia. Tiene que tener en la Sociedad su alter ego, su semejante, y buscar su corresponsabilidad y participación en la construcción del bienestar y la paz. La capacidad de gestión de las políticas públicas y de las instituciones tiene una crucial importancia pues no podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos vitales y esfuerzos, en malas administraciones y en malas organizaciones.