En el Estado moderno, el desarrollo de los "ministerios" como ejes de la administración pública permitió organizar las funciones del Ejecutivo en diversos campos de las políticas públicas bajo la responsabilidad de procurar el bien común y garantizar la protección de la persona y sus derechos. El Jefe de Estado ejerce tanto la función política orientada a la unidad nacional, como la jefatura jerárquica de la administración pública. Casi todas las Constituciones incluyen en la función Ejecutiva el acompañamiento de los ministerios. Buena parte de la crisis de la administración pública en el Ecuador tiene que ver con la desestructuración de los ministerios y su casi reemplazo por las "unidades ejecutoras" adscritas a la Presidencia. Este proceso se inició durante las dictaduras militares y ha llevado al desmantelamiento de estos organismos, en términos políticos y presupuestarios. Salvo en pocos y honrosos casos, una burocracia estéril, poco profesionalizada, copa los espacios ministeriales que debían ser de gestión y promoción eficiente de los bienes públicos. Existen lugares en donde históricamente no se han ejercido las funciones de dirección política y administrativa del poder Ejecutivo. Frecuentemente y por diversas razones, poderes estamentales se han acostumbrado a auto procurarse su propio ordenamiento, estableciendo amplias áreas de discrecionalidad y autonomía sobre sus esferas de acción. En el Ecuador, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han constituido virtualmente mundos aparte del sistema político administrativo. Las primeras porque han blindado sus relaciones con el Ejecutivo cuidando celosamente su autonomía. La segunda, Policía Nacional, porque ha sido sistemáticamente abandonada a su propia suerte, a pesar de que, hoy por el momento, el problema de la seguridad pública y ciudadana es quizá la primera percepción de amenaza por parte de los ciudadanos y señala su mayor prioridad hacia el Estado.