Después de esclarecer exhaustivamente la responsabilidad de los militares y fuerzas del orden en la angustiosa tarde y noche del 20 de abril, el país tiene que ocuparse de manera urgente en las reformas de las estructuras militares y de la defensa. Esto no tiene que ver con otra cosa sino con la reforma política del Estado. De modo que el tema debe ser incorporado ineludiblemente al amplio debate iniciado en la sociedad con este propósito. En la década pasada varios proyectos de reforma del Estado se ensayaron, sin que ninguno de ellos haya incluido a las fuerzas armadas, a la Policía, al sector defensa y seguridad en su conjunto. La prensa en estos días ha difundido el temor de que estas reformas se harán puertas adentro en la institución militar. Algo así como ocurrió en 2002 con el Libro Blanco de la Defensa que no reformó nada. Incluso algunos militares han dicho que poco tiene que ver la sociedad civil con este proceso. ¡Nada más equivocado! La reforma militar es una reforma política y por tanto le compete primordialmente a los ciudadanos. ¿Por qué? En primer lugar porque tiene que ver con el señalamiento en la Constitución y en las leyes pertinentes del papel específico que corresponde a la fuerza militar. Esta no puede ser por definición la garante del orden jurídico en el Estado de derecho. En segundo lugar, tiene que ver con el posicionamiento de la fuerza como no deliberante y subordinada al poder civil, a través de sus instituciones. Debemos cambiar sustancialmente no solo los conceptos jurídico-políticos sino también la mentalidad militarista proveniente de una cultura autoritaria que ha llegado incluso a legitimar el arbitraje militar como un mecanismo más de sucesión política. En el núcleo de esta cultura autoritaria está la famosa doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría que permanece en nuestro país tal cual desde los años sesenta, plasmada en la Ley de Seguridad Nacional todavía vigente.