Abstract:
La Iniciativa Yasuní – ITT representó una propuesta innovadora y de vanguardia del Estado ecuatoriano, orientada a posicionar a nivel mundial un cambio de prioridades en el modelo de desarrollo imperante con base a la preservación de bienes y servicios ambientales fundamentales para la vida en el planeta y a la corresponsabilidad de los Estados en este objetivo. Buscó para ello el apoyo de la comunidad internacional a la decisión estatal de no explotar el campo petrolero “Ishpingo – Tiputini – Tambococha” (ITT), ubicado al noreste del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, donde existían reservas probadas de crudo de petróleo de al menos 920 millones de barriles. Esta medida representaba para la economía ecuatoriana, prescindir de un ingreso potencial de 7000 mil millones de dólares, al tiempo de evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 407 millones de toneladas de CO2. Este fue el planteamiento central del discurso del Presidente del Ecuador al presentar formalmente la iniciativa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2007. Un elemento destacado que, igualmente, se buscaba proteger con el desarrollo de esta iniciativa, era la tutela del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan principalmente dentro del Parque Nacional Yasuní, conocidos como los Tagaeri y Taromenane. La no explotación del Bloque ITT fortalecería la medida de protección implementada por el Gobierno de Ecuador a través de la creación de una Zona Intangible que prohibía las actividades extractivas dentro del perímetro que se consideraba como el que ancestralmente ocupan dichos pueblos. Hasta el 15 de agosto de 2013, cuando el propio Presidente Rafael Correa expidió el Decreto Ejecutivo No.074 que dispuso la terminación del fideicomiso creado para financiar la Iniciativa Yasuní-ITT, el impulso de la misma constituyó un emblema de la política exterior del país. El respaldo que sumó en sus inicios por parte de un creciente número de sectores y movimientos sociales a nivel nacional, así como de varios Estados, organismos internacionales y personalidades a nivel mundial, finalmente no se concretó con el aporte económico esperado. De acuerdo a los registros de la Iniciativa, hacia el final de su vigencia se habían recaudado cerca de 13 millones y medio de dólares, cuando el monto mínimo requerido de aporte para dejar el petróleo bajo tierra y que opere el fondo con el que se desarrollarían proyectos de conservación y desarrollo sostenible, era de 100 millones de dólares hasta el 2011 y de 3600 millones en trece años.Más allá de las lecturas y comprensiones que generó su terminación y la posterior decisión del Gobierno ecuatoriano de avanzar con el proyecto de explotación de los Bloques Petroleros 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, el impulso de la Iniciativa Yasuní-ITT logró trascender en las agendas de las políticas públicas del nivel nacional e internacional. Así, mientras a lo interno propició un debate inédito en la población sobre las ventajas y desventajas de la relación existente entre actividades extractivas vs. conservación de la naturaleza, a nivel externo incidió en la exploración de nuevas formas de contribución de los Estados a los compromisos sobre el cambio climático. Su no concreción para dar paso nuevamente a la extracción de petróleo es, como éste, un oscuro aprendizaje de un dilema ético que desgarra la conciencia de nuestra civilización.