Description:
Como producto de una cultura política autoritaria que hizo de los cuarteles, las asonadas militares y las dictaduras, referentes claves de la Construcción Nacional, ha quedado como legado una incapacidad permanente para entenderla realidad política en su total dimensión. La fuerza y lo jurídico son dos caras de la política. En las civilizaciones avanzadas y democráticas se supone que la Ley debe controlar a la fuerza para que un "orden jurídico prevalezca" y se haga posible una convivencia social con paz, libertad, y justicia. Se supone que la política es la instancia creadora que puede alcanzar ese logro. Esto si fuera capaz de elaborar y mantener, de entre tantos y tan disímiles intereses, ese algo tan preciado que llamamos "bien común". Si la fuerza, en cualquiera de sus formas, permaneciera como reguladora, mediadora, árbitro de la vida social e institucional de un país, jamás se lograría un orden democrático, basado en las responsabilidades ciudadanas. Un Estado "civil" emancipado del fundamentalismo reverencial hacia la fuerza, permite que la voluntad ciudadana sea representada en instituciones jurídicas y administrativas eficientes, transparentes y éticas. La realidad del siglo XX exige que los órganos y las instituciones del Estado tengan como atributos insoslayables, la profesionalización, especialización en sus misiones, pero también la capacidad para interactuar dentro de un marco legal coherente y transparente para lograr un eficiente uso de los recursos de todo género y dar un mejor servicio a la población, especialmente a aquella menos afortunada. Saber es indispensable para manejar la cosa pública. La improvisación, el romanticismo, el voluntarismo, no son buenas herramientas de gobierno dada la complejidad y la responsabilidad que esta tarea implica.