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En este período destacan dos temas de fundamental importancia para el país. Por una parte, preocupan las respuestas que algunos sectores políticos y gobiernos locales están aplicando, o pretenden hacerlo, al problema de la inseguridad urbana. Por otro, hay expectativa por los resultados de las discusiones organizadas por los militares para producir un nuevo Libro Blanco de la Defensa y una nueva versión de los proyectos de Ley de las Fuerzas Armadas. En cuanto a lo primero, es evidente que el aumento de la delincuencia y criminalidad en el país es un problema serio. Algunos alcaldes han hecho de éste un eje importante de sus actividades. El Congreso ha debatido en estas semanas un proyecto de ley, erróneamente calificado como Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, destinado a conformar un sistema de "Consejos de Seguridad Ciudadana"; una suerte de burocracia paralela a la estatal que, de legitimarse, contribuirá a multiplicar los errores jurídicos y el enredo institucional que ya existe. Pocas de esas respuestas, en la desesperación o liviandad con las que están elaboradas, reconocen que las instituciones responsables de la Seguridad Pública y Ciudadana, de acuerdo con la Constitución, son la Policía y el Sistema Judicial Penal. No tienen atribuciones semejantes los Municipios, Consejos Provinciales o Fuerzas Armadas. Todos los esfuerzos deberían estar orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones a las que corresponde la competencia en este asunto.